Municipios y ciudades aprobaron el martes prohibiciones y moratorias que amenazan con frenar una expansión de infraestructura tecnológica valorada en billones de dólares.
Durante años, las grandes tecnológicas construyeron sus centros de datos con pocos obstáculos: terrenos baratos, incentivos fiscales y promesas de empleo que neutralizaban las objeciones locales. El martes 3 de noviembre esa ecuación cambió.
Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron en claro, según analistas e inversores, que el rechazo a los centros de datos de inteligencia artificial se convirtió en una fuerza electoral con consecuencias directas para una industria que mueve billones de dólares.
El golpe llegó en dos frentes simultáneos. Por un lado, Texas, Georgia, Ohio y Pensilvania eligieron gobernadores demócratas que hicieron del freno a esta infraestructura una promesa de campaña explícita.
Por otro, el Washington Post informó que votantes de al menos 29 jurisdicciones aprobaron prohibiciones o restricciones sobre centros de datos el martes, lo que el diario denominó un reflejo de la “repulsión pública generalizada” hacia estos proyectos.
El fenómeno tenía antecedentes concretos en 2026. Los votantes de 13 estados —Arkansas, California, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Ohio y Wisconsin— se pronunciaron sobre al menos 50 medidas locales relacionadas con centros de datos, según Ballotpedia.
