El oficialismo no podrá sesionar hoy ni mañana porque varios legisladores viajaron para ser veedores en los comicios de medio término. Los feriados y la agenda del Papa también complican el panorama para la semana que viene.
El Congreso entró en impasse con bajo nivel de actividad generado por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita a la Argentina del papa León XIV. Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Gobierno pierde margen de maniobra para avanzar con sus proyectos prioritarios en el Congreso. Por su parte, los aliados juegan con los tiempos para negociar desde una posición de fuerza.
Desde el oficialismo ya dejaron trascender que prevén convocar a una primera sesión el 18 de noviembre para tratar la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y otra el 25 de noviembre íntegramente destinada al proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, hay otros temas que resultan vitales para la oposición y podrían servir para destrabar votos clave, como la ley de biocombustibles, que siguen con atención los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, y la política de subsidios al transporte, que esta semana hizo enojar a más de un mandatario provincial.
Los planes de los libertarios sufrieron el primer traspié la semana pasada cuando no lograron avanzar con el dictamen del Presupuesto. El PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho hasta tener respuestas concretas sobre una larga lista de planteos.
El PRO reclamó precisiones sobre las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, un reclamo que afecta directamente al histórico bastión amarillo y se mezcla con las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Por otro lado, el bloque que conduce Cristian Ritondo impulsa una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados, ya que tendría un fuerte impacto positivo para la producción avícola en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, también del PRO.
Tanto las bancadas del PRO, como la UCR y los gobiernos provinciales exigen una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. En la misma línea, las provincias piden mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.
Por su parte, las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también pretenden obtener precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Además, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.
Otro punto que incluso genera divisiones internas es el financiamiento universitario. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, el sector de la UCR alineado con los gobernadores pone el foco en las universidades que el radicalismo controla políticamente y en las que están ubicadas sus distritos, mientras que los radicales disidentes nucleados en Provincias Unidas, como Martín Lousteau, tienen un planteo más “general” en sintonía con el CIN.
Pero en la última semana se sumó un nuevo foco de conflicto luego de que la Secretaría de Transporte acordara mayores subsidios para las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde noviembre. Y también reconoció una deuda de cerca de $39.000 millones por errores en las proyecciones de recaudación (vía pago de boleto) desde junio hasta septiembre.
